euskadiko langile komisioak | 21 noviembre 2024.

CCOOO Irakaskuntza rechaza el anteproyecto de ley de educación en su totalidad

  • CCOO Irakaskuntza asegura que este anteproyecto supone una amenaza para la escuela pública vasca que queremos y defendemos, porque no es ni será, por su esencia, el que CCOO Iraskaskuntza puede defender, ni lo que este país necesita. ¿Por qué?

25/04/2023.
Foto Europa Press

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∙ Porque insiste en perder en su denominación la palabra PÚBLICA, lo cual es ya suficientemente  significativo. 

∙ Porque Iguala las dos redes educativas vascas, independientemente de su valor, fuerza e  implantación en Euskadi, al considerar ambas líneas “complementarias”. 

∙ Porque a pesar de la palabrería y el humo, el texto del anteproyecto deja claramente asentado  la existencia de un “servicio público vasco de educación” integrado por centros de titularidad  pública y privada, que, en su fundamento, quedan equiparados en cuanto al tipo de servicio  educativo que pueden ofrecer, como así lo deja claro el texto en diferentes apartados,  independientemente de que, en un intento de crear mayor confusión, haya desaparecido del  texto definitivo el párrafo que en los anteriores definía qué tipos de centros integran dicho  servicio educativo público. El texto definitivo establece que la educación pública es un “servicio  de carácter prestacional”. 

∙ Porque, seguramente para favorecer el previsible acuerdo parlamentario, el texto mantiene una  novedad aparecida en el segundo borrador, que consiste en establecer una curiosa  “preferencia” para recibir financiación a través del concierto a las empresas educativas privadas  que estén constituidas como cooperativas, sin que sepamos si es aplicable a todas o sólo las  que empiezan a ser denominadas “Escuelas Públicas Comunitarias Vascas”. 

∙ Porque, en el mismo sentido de equiparar redes privada y pública, incluye como novedad la  constitución de un consejo asesor de relaciones laborales, integrado por departamento,  sindicatos mayoritarios, y patronales, como “órgano consultivo”, que “tendrá como finalidad  principal el asesoramiento, análisis y la búsqueda de consenso de propuestas de mejora del  personal de educación” un planteamiento desequilibrado para la escuela pública de partida y  que, sospechamos, invadirá competencias de la negociación colectiva, y allanará el camino para  la histórica pretensión de las patronales privadas de ligar salarios a la financiación pública, y que  nos ha llevado una vez más a convocar una huelga en ese sector esta misma semana. 

∙ Porque se ha eliminado del texto la referencia expresa de que los centros sostenidos con fondos  públicos no puedan cobrar cuotas, y porque no se hace referencia expresa a un control del  cobro y el precio de los gastos complementarios en estos centros (materiales, tabletas,  uniformes, actividades complementarias, extraescolares). 

 ∙ Porque mantiene su filosofía de reparto de cuotas de alumnado considerado vulnerable entre  centros públicos y concertados, como pretendida solución para el estructural problema de segregación del alumnado vasco. Dicha solución ya está puesta en entredicho por la propia  sociedad vasca, siendo ejemplo de ello los conflictos creados en la escuela privada y en la  pública por nuevo decreto de admisión, que ha creado rechazo y malestar entre las familias y  una rebelión de las ikastolas privadas que han rechazado cumplir lo establecido en el nuevo  decreto, y que está por ver si tendrá consecuencias. 

 ∙ Porque no establece una oficina única, pública y municipal de matriculación, sino que solo  promueve que los ayuntamientos “podrán colaborar con el departamento competente en  educación” dejando por tanto la puerta abierta a que no lo hagan. 

 ∙ Porque persiste en la indefinición respecto al tratamiento que tendrán las diferentes lenguas  como objeto y herramienta de aprendizaje, especialmente el tratamiento que tendrá el euskera,  afirmando únicamente que existirá “una priorización del euskera en el sistema educativo” sin  mayor concreción.  

 ∙ Porque mantiene el absurdo principio de necesaria laicidad y prohibición de adoctrinamiento  en un sistema que integra en una pretendida prestación de servicio público a centros privados  con intereses, visiones, misiones y valores muy variados, muy lícitos pero, generalmente  contrarios al este precepto que se plantea.  

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