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CCOO aboga por que en Uliazpi se concilien los derechos lingüísticos y los laborales

    21/03/2023.

    Ante la resolución que han promovido PNV y Bildu hoy en las Juntas de Gipuzkoa, el sindicato, que ostenta la representación mayoritaria y la presidencia del comité de empresa en Uliazpi, quiere compartir una serie de aportaciones constructivas para una salida razonable al conflicto judicial.

    El origen de este juicio está en una oferta de empleo público en 2020, tras 15 años sin convocatorias, en las cuales se exigían perfil lingüístico B2 en 32 de las 34 plazas ofertadas (94%). Ante esto, dos personas trabajadoras sin ese perfil, con 30 años de contratos temporales, pidieron amparo judicial, a través de un abogado particular (igual que en el caso los municipales de Irún).

    En el plano judicial, a diferencia de en el político, la dirección de Uliazpi y el sindicato LAB sí daban por bueno que había que respetar el índice de obligado cumplimiento (65% de puestos con perfil lingüístico obligatorio) marcado por el artículo 11 del Decreto 86/1997 del Gobierno Vasco, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y lo que debatieron ante el tribunal fueron distintas formas de cálculo para su cumplimiento. Curiosamente en las declaraciones públicas se sostiene que se puede perfilar el 100% de las plazas, algo contrario a la sentencia, a la normativa lingüística vasca pactada y a lo que defendieron en el juicio.

    CCOO quiere destacar que los derechos lingüísticos de las personas usuarias y los derechos laborales son perfectamente compatibles, porque la demanda de servicios públicos en euskera en la Diputación Foral de Gipuzkoa oscila entre un 20% y un 40%, y las trabajadoras de Uliazpi trabajan en grupo en cada turno (2-3 trabajadoras juntas). Así que con el 65% legal de puestos con perfil se garantizaría perfectamente la atención lingüística. En ese sentido sería una aportación para un debate sosegado, transparente y racional, que se hicieran públicos los datos de preferencia lingüística de las personas usuarias de Uliazpi y de sus familias.

    CCOO considera que, conforme a la jurisprudencia sobre “opositores de buena fe”, son también absolutamente compatibles los derechos de las trabajadoras que han obtenido plaza en la oposición, y los derechos laborales de las recurrentes que han ganado el juicio. Un sindicato debe tratar de proteger sin excluir también a esas trabajadoras que llevan 30 años trabajando en precario.

    Finalmente CCOO quiere recordar que frente al uso abusivo de los necesarios perfiles lingüísticos, propone medidas facilitadoras del aprendizaje y de la acreditación del euskera. En esa línea hay que denunciar la normativa restrictiva y discriminatoria, que se aplica en los cursos de euskera para trabajadoras de Uliazpi y del conjunto de los trabajadores de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Y es que, en contra de la Ley Vasca de Empleo Público, se discrimina a los trabajadores interinos vetándoles cursos dentro de jornada laboral, y dando compensaciones horarias inferiores que a los fijos en los cursos realizados fuera de jornada. Asimismo hay que destacar que el sistema actual de exámenes y acreditación excluye a los trabajadores y trabajadoras que saben hablar euskera, pero que no pueden superar pruebas de redacción, no necesarias para muchos trabajos, como bastantes del ámbito de los cuidados. 

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