Loli García en relación a la Ley vasca de Empleo, hace una valoración "muy positiva" por "su contenido y sus formas" y cree que esta norma "pone el empleo en el centro de todas las políticas del Gobierno reconociendo su carácter transversal e integral" para alcanzar "un empleo de calidad". Además, ha subrayado el reconocimiento que se hace de las políticas activas "como derecho subjetivo, pionero en el conjunto de las normas en esta materia que existe en el conjunto del Estado".

"Esto va a ser exigible por parte de la ciudadanía de Euskadi sea cual sea su situación laboral, orientándolas, además, a la consecución y mantenimiento de un empleo digno y de calidad", ha indicado.

Junto a ello, ha subrayado el refuerzo de Lanbide como servicio público de empleo "ejecutor de las políticas de empleo", lo que cree que supondrá un incremnto de sus medios humanos y materiales. Asimismo, se hace una "apuesta muy clara" por el sistema de concertación social.

En relación al acuerdo sobre formación, cree que facilita que la formación se convierta "en un instrumento para la defensa del empleo" y hay que acercarse a un modelo que atienda "a las necesidades reales de la gente", que sea "ágil y flexible" y "dé respuesta a las necesidades que se detecten en cada momento". A su juicio, se debe evitar que,"en momentos de cambios profundos, nadie se quede atrás".

Acuerdos de la Mesa de Diálogo Social

La Mesa de Diálogo Social ha acordado trabajar en la puesta en marcha de un nuevo modelo propio de formación para personas trabajadoras que responda a las necesidades de "cualificación permanente" de los trabajadores y de las empresas vascas. Asimismo, se ha alcanzado otro acuerdo en este foro, reunido este martes, por el que se avala el anteproyecto de la Ley vasca de Empleo.

En relación a la formación, en el texto acordado, se recoge que la formación continua es "imprescindible" tanto para el desarrollo profesional como el personal.

Asimismo, se destaca que las personas deben estar preparadas para afrontar los retos tecnológicos, los cambios climáticos, las crisis sanitarias o los retos demográficos. Todo ello, debe ir acompañado, de un "modelo de orientación y de formación ágil y adaptado" a los "retos continuos" de los mercados de trabajo y del desarrollo de la sociedad.

En este sentido, la Mesa recuerda, en relación a la cualificación de los demandantes de empleo que, según los datos de Lanbide de octubre, el 59,68% tienen, como mucho, estudios de enseñanza obligatoria, mientras que los desempleados que han cursado hasta el Bachiller suponen el 8,75% del total, los parados con FP son el 18,99% del total y un 12,58% tienen estudios universitarios.

Ante las transiciones previstas, se considera que Euskadi necesita que sus personas trabajadoras y empresas dispongan de las herramientas para conseguir y mantener los niveles de cualificación necesarios para lograr "una economía competitiva y una sociedad cohesionada".

Se aboga por un modelo propio de formación para los trabajadores, donde los retos tecnológicos, energético-medioambientales y sociodemográficos sea abordados como "transiciones justas" en las que las empresas y trabajadores dispongan de las herramientas de orientación y formación que les ayuden a adaptarse progresivamente a los cambios.

Por ello, se acuerda en trabajar para lograr un nuevo modelo vasco de formación para personas trabajadoras, que debe estar orientado a darrespuesta "a la demanda de necesidades y requerimientos de una nueva economía avanzada y de la sociedad, sin dejar atrás ni a personas -especialmente a las pertenecientes a colectivos con mayores dificultades- ni a empresas en general, ni a pymes".

Se apuesta por que el modelo tenga en cuanta los perfiles de las personas demandantes de empleo o de mejora de empleo, y de los trabajadores con experiencia profesional e impulsar su participación en el dispositivo de reconocimiento de la experiencia profesional.

Este nuevo modelo, que apuesta por desarrollar programas específicos de orientación y formación para colectivos más vulnerables como parados de larga y muy larga duración o mayores de 45 años, debe ser "doblemente integral", desde la oferta, contando con todas las entidades que imparten formación en Euskadi, así como desde la demanda, abordando la cualificación de todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral o de su cualificación.

Asimismo, contará con una oferta "planificada y estable" y se apoyará en una prospección y detección de necesidades compartida entre agentes sociales y Gobierno Vasco, que priorice aquellas titulaciones y formaciones demandadas en Euskadi.

La Mesa de Diálogo Social apuesta por un modelo "dinámico, ágil y flexible" para dar respuesta a las demandas "cuando y donde senecesite", anticipándose y adaptándose a los cambios que afrontará la economía y la sociedad.

Está previsto que se empleen aquellas herramientas, instrumentos jurídicos y metodologías innovadoras que permitan disponer de una formación para un empleo "eficaz y de calidad". Además, se apoyará la estabilidad de la red de entidades de formación y su profesorado y se les dotará de recursos y herramientas innovadoras.

ACUERDO LEY VASCA DE EMPLEO

Por otra parte, los integrantes de la Mesa de Diálogo Social han avalado el anteproyecto de la Ley vasca de Empleo y en el acuerdo destacan que la "relevancia" de una ley propia de empleo desde el punto de vista de la arquitectura institucional de Euskadi se pone de manifiesto también por la existencia a lo largo de los años de diferentes proyectos que no llegaron a culminar en un texto legal.

Tras valorar que esta iniciativa legislativa se haya abordado en el marco de la concertación y del diálogo social, lo que ha permitido "un consenso previo" con los agentes sociales, ha subrayado también la importancia de la participación activa de la Mesa, con carácter previo a su aprobación, en el proceso de elaboración de la ley. Por ello, según se recuerda, aprobó un documento de trabajo con unas bases compartidas para una futura ley de empleo vasca.

En este sentido, se asegura que el anteproyecto respeta, en lo sustancial, las bases acordadas de manera conjunta en el documento de febrero de 2020. Además, creen que su elaboración se ha ajustado a la "dinámica propia" del diálogo social institucionalizado, ya que ha habido un "contraste permanente".

Asimismo, consideran que el anteproyecto de ley y el sistema que se articula a través del mismo mejora la posición de las personas "en tanto que titulares del derecho a las políticas activas de empleo" y responde a las necesidades de las empresas, lo que ayudará a la consecución y mantenimiento de "un empleo de calidad" en el contexto de un crecimiento económico "más equilibrado y sostenible".

Los agentes sociales integrantes de la Mesa muestran su conformidad con los ejes centrales sobre los que se vertebra el texto como el diseño competencial por el que se opta en materia de políticas de empleo, asentado "con carácter exclusivo y excluyente" sobre los tres niveles territoriales de Euskadi, bajo el liderazgo del Gobierno Vasco, que tiene en exclusiva la competencia regulatoria en materia de empleoy diseña y gestiona las herramientas de planificación estratégicas.

También comparten la estructura de gestión creada en torno a Lanbide y valoran positivamente la creación de una Red Vasca de Empleo orientada a garantizar la cartera de servicios y programas de empleo.

Junto a ello, defienden también el modelo de gobernanza, que incluye de manera expresa a la Mesa de Dialogo Social como instancia "de concertación" y garantiza su intervención preceptiva, más allá de la "mera función consultiva".

Asimismo, consideran que la composición del órgano de administración de Lanbide respeta el consenso básico alcanzado con agentes sociales, al responder a los principios de tripartismo y paridad, además de ser "coherente con el modelo de representación institucional".

También se muestran de acuerdo con que se apueste por una concepción avanzada de las políticas de empleo que asume su carácter transversal e integral y, por otra, incorpora como un elemento sustancial de las políticas activas de empleo su dimensión cualitativa, orientándolas a la consecución y mantenimiento de un "empleo digno y de calidad".

Otro aspecto en el que coinciden es el avance en el proceso de regulación del derecho de acceso a las políticas activas de empleo através del reconocimiento de su exigibilidad, la identificación del ente público obligado a garantizar su prestación efectiva y el anuncio de un futuro procedimiento para demandar su cumplimiento.

Junto a todo ello, la Mesa también destaca la atención a los colectivos de atención prioritaria como la institucionalización de un marco de evaluación independiente de las políticas de empleo.