euskadiko langile komisioak | 25 abril 2024.

CCOO de Euskadi denuncia la falta de garantías sanitarias en la Administración de Justicia del País Vasco

  • La “Comisión de Seguimiento Covid-19” ha decidido que el personal acuda a los distintos órganos judiciales para atender asuntos no esenciales.

CCOO ha denunciado que en este momento en el que toca preparar las condiciones de una vuelta al trabajo de forma segura, inexplicablemente la “Comisión de Seguimiento Covid-19” con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la cabeza, desatendiendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, han decidido que un importante número de trabajadoras y trabajadores deban acudir a los distintos órganos judiciales para atender asuntos no esenciales, sin tener en cuenta que los plazos y términos procesales se encuentran suspendidos.

23/04/2020.
Foto: Europa Press

Foto: Europa Press

Esta decisión compromete a la Dirección de Justicia, única responsable de la gestión de personal y de la salud en la Comunidad Autónoma. Esta grave injerencia debe ser respondida por administradores, pues en este momento no está garantizada en absoluto la cantidad suficiente de equipos de protección individuales para el personal funcionario ni para los profesionales y ciudadanos y ciudadanas que acudan a los juzgados.

Así mismo no disponen aún de un conjunto de medidas de prevención que aconsejan las autoridades sanitarias y que deben garantizar la distancia entre trabajadores, separación en las salas de visitas, aforo máximo en salas de declaraciones, videoconferencias para evitar traslados innecesarios, etc. Los delegados de prevención de CCOO reiteran que la responsabilidad última como garante de la salud de sus trabajadores y trabajadoras, expuestos ahora innecesariamente, será siempre de la Consejería de Justicia y, por tanto, del Gobierno Vasco.

Desde CCOO se ha requerido en múltiples ocasiones que se antepongan otros valores distintos “a la tutela judicial” como es la salud de las personas. Además la falta de inversiones en el País Vasco, denunciadas insistentemente desde CCOO de Euskadi, han destapado carencias y la imposibilidad de la prestación telemática de escritos o la posibilidad de acometer el teletrabajo.

Desde que el día 14 de marzo se decretase el estado de alarma, son muchas las resoluciones, órdenes e instrucciones dictadas por distintos órganos relacionados con la Justicia, el CGPJ, el Ministerio de Justicia, la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, etc. Una auténtica “torre de babel” en la que el eslabón más débil son las funcionarias y los funcionarios que desde el principio de esta crisis sanitaria atienden todos los servicios esenciales en los Juzgados de guardia, de Violencia sobre la mujer, los Registros Civiles, Forenses, etc.

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