euskadiko langile komisioak | 13 octubre 2026.

CCOO exige al gobierno y a las administraciones vascas que dejen de excusarse en "ofensivas judiciales imaginarias" y asuman sus responsabilidades para garantizar que la ciudadanía pueda ser atendida en la lengua oficial de su elección

    16/09/2026.
    Foto: Europa Press

    Foto: Europa Press

    CCOO de Euskadi, ante la sentencia del TSJPV que anula el decreto de normalización del euskera dada a conocer hoy, ha insistido en la necesidad de que Euskadi cuente con una administración capaz de atender a la ciudadanía en la lengua oficial de su elección. Para ello, el sindicato sigue exigiendo de las administraciones públicas tiempo y recursos, “tiempo para llevar a cabo este proceso sin dejar a nadie atrás y con recursos suficientes para que el coste de estos estudios, tanto económicos como en tiempo, no recaiga sobre los hombros de las trabajadoras y trabajadores.

    CCOO ha manifestado que, a partir de ese principio, no pueden compararse las sentencias de quienes han tenido que defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales en los tribunales con quienes, claramente, no quieren ver el euskera en las administraciones públicas de ninguna manera. 

    Además, el sindicato ha exigido tanto al gobierno como a las administraciones vascas que “dejen de excusarse en ofensivas judiciales imaginarias y asumir sus propias responsabilidades”. La supuesta inseguridad jurídica que llevó a la modificación de la Ley de Empleo Público, modificación que fue aprobada con el voto favorable de un único grupo parlamentario, estaba realmente causada por el incumplimiento de las administraciones de sus propias normas. Respecto a la exigencia de perfiles lingüísticos y la proporcionalidad de estos. En esta ocasión, la sentencia tumba el decreto por la falta de la memoria económica preceptiva. 

    CCOO reitera su mano tendida para un diálogo que busque la proporcionalidad en las relaciones laborales de las administraciones públicas, que permita la atención en ambas lenguas cooficiales a la ciudadanía y que recuperar los consensos que saltaron por los aires tras la aprobación de la modificación de la Ley de Empleo público.