euskadiko langile komisioak | 25 abril 2024.

CCOO de Euskadi denuncia que la desescalada judicial es precipitada y comenzará sin las debidas garantías de seguridad

  • En este momento no se garantiza la salud de las y los empleados públicos ni la de las personas usuarias y profesionales de la Administración de Justicia.

Mañana martes 12 de mayo, sin atender a las reclamaciones de CCOO y del resto de sindicatos con representación en el sector, se incrementará hasta un máximo de 40%, el personal que trabaja en los juzgados y tribunales sin estar garantizada su seguridad y la protección de su salud frente al COVID-19.

11/05/2020.
Foto: Europa Press

Foto: Europa Press

La administración, desatendiendo las propuestas de CCOO, confía en que la separación física entre los trabajadores será suficiente para evitar contagios en unos espacios normalmente reducidos y mal ventilados. Esta separación física no se va a poder garantizar en la siguiente fase, que pronto se implantará y en la que habrá un mayor porcentaje de personal entre el 60 y el 70%. Los trabajadores necesitan mascarillas y guantes que los protejan, porque las actuales, no son verdaderos Equipos de Protección Individual.

El incremento de personal, lleva aparejado mayor número de actuaciones judiciales y mayor afluencia de ciudadanía y profesionales a los edificios judiciales y la interacción con los mismos.
El Gobierno Vasco debe adoptar, urgentemente, medidas que garanticen ese distanciamiento social de 2 metros en cualquier actividad en los juzgados, como la instalación de mamparas que permitan atender al público y a profesionales con seguridad, otras medidas organizativas que impidan aglomeraciones y que garanticen la limpieza e higiene en el uso de los equipos informáticos, teléfonos, micrófonos, mesas y mostradores y mobiliario en general.

CCOO lleva reclamando desde hace mucho tiempo a la Dirección para la Modernización de la Oficina judicial y Fiscal, una inversión económica suficiente para desarrollar el expediente digital. En estos momentos y por la excepcional situación que vivimos, debe desarrollarse urgentemente, un sistema de cita previa para los distintos servicios que presta la administración de justicia, el uso prioritario de las videoconferencias dotando de los medios técnicos necesarios que potencien su capacidad de conexión y un sistema de teletrabajo compatible con la ausencia del expediente digital que, sin más excusas, deberá implantarse en un breve espacio de tiempo.

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