euskadiko langile komisioak | 29 marzo 2024.

Osakidetza condenada a pagar 53.800€ a una enfermera por “incumplir la prevención en materia de riesgos laborales”

  • CCOO exige a Osakidetza que deje de jugar con la salud de sus trabajadoras y trabajadores puesto que su inacción está teniendo repercusiones directas y graves no solo en su plantilla, como demuestran estas sentencias, sino también en toda la ciudadanía, puesto que el pago de estas sentencias sale del erario público.

La sentencia de la Sala de los Social número 1 ha condenado a Osakidetza a indemnizar a una enfermera de la OSI Barrualde - Galdakao con 53.800 euros por “incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, con especial relevancia, los riesgos psicosociales”.

La Federación de Sanidad de CCOO de Euskadi ha denunciado que Osakidetza ha vuelto a ser condenada a pagar una indemnización a una de sus trabajadoras por el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. La indemnización de 53.800 euros que deberá pagar Osakidetza, comprende los daños morales y físicos causados a la trabajadora, pero 7.000 de ellos obedecen a los reiterados incumplimientos de Osakidetza en materia de salud laboral.

22/10/2019.
Foto: Europa Press

Foto: Europa Press

En este caso resulta más sangrante porque, aunque no da por probado el acoso a la trabajadora, lo que condena es la falta de acción de Osakidetza frente a los riesgos denunciados. Además, esta serie de incumplimientos de la Administración conlleva también el recargo de las prestaciones, es decir, la cantidad que deben percibir las trabajadoras y trabajadores durante su incapacidad temporal, por lo que es otra razón más para que se tomen las medidas preventivas necesarias de inmediato.

En octubre del año 2012 la trabajadora demandante instó a Osakidetza a abrir un expediente de investigación al entender que estaba siendo víctima de acoso moral en el trabajo desde el año 2006, sin embargo, Osakidetza no volvió a contactar a la trabajadora hasta diciembre del año 2013. Dado que la situación denunciada por la trabajadora no mejoró a pesar de haber solicitado la investigación, esta cayó de baja en varias ocasiones entre los años 2015 y 2018. La sentencia refiere, literalmente, que “no se ha iniciado investigación alguna, ni siquiera se mantuvo entrevista con la afectada, todo ello a pesar de los graves hecho que se denuncian y a pesar de que se recomendó por parte del Servicio de Prevención Corporativo, al menos una entrevista con la afectada. (…) Además, hay hechos que se exponen en la denuncia que por sí mismos motivarían una investigación, por mínima que sea.”

En febrero del año 2016, la demandante solicitó a Osakidetza la apertura de una investigación por un posible incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ante la inacción de Osakidetza tras esta solicitud, CCOO denunció la situación a la Inspección de Trabajo en septiembre de 2016, instando a cesar las conductas perjudiciales para la integridad de la trabajadora. En diciembre de 2016 la Inspección emitió informe declarando que Osakidetza en ningún momento había activado ningún protocolo y exigiendo que tomara medidas de inmediato.

Además de condenar al pago de la indemnización, también obliga a Osakidetza a realizar la evaluación de los riesgos psicosociales del puesto de trabajo de la demandante. CCOO ha reiterado en innumerables ocasiones a Osakidetza que debe realizar su evaluación de riesgos por puestos, puesto que no son equiparables los riesgos, por ejemplo, de la enfermería en un centro de salud, en las urgencias o en un quirófano. En la reunión del Comité de Seguridad y Salud celebrada el pasado viernes, ante esta solicitud del sindicato, Osakidetza volvió negarse a hacerlo de la manera correcta.

CCOO ha exigido a Osakidetza que deje de jugar con la salud de sus trabajadoras y trabajadores puesto que su inacción está teniendo repercusiones directas y graves no solo en su plantilla, como demuestran estas sentencias, sino también en toda la ciudadanía, puesto que el pago de estas sentencias sale del erario público.