El Acuerdo Marco entre el Gobierno Vasco y la Patronal invalida el decreto que regulará el diálogo social

  • Hoy 7 de Septiembre concluye el plazo para presentar alegaciones al borrador de Decreto de Institucionalización del diálogo social.

Ante el requerimiento por parte del Gobierno Vasco para hacer alegaciones al proyecto de decreto de institucionalización del diálogo social, CCOO de Euskadi quiere hacer las siguientes consideraciones:

07/09/2018.
Santi Martínez, Loli García y Mari Cruz Vicente en rueda de prensa

Santi Martínez, Loli García y Mari Cruz Vicente en rueda de prensa

La propuesta responde a los acuerdos alcanzados en la mesa del diálogo social en julio de 2016. Acuerdo en el que el Gobierno se comprometía a desarrollar el dialogo social en Euskadi. Por tanto es el Gobierno Vasco, y no la mesa de diálogo social, quien en cumplimiento de ese acuerdo, presenta el decreto al que hacemos mención.

CCOO de Euskadi considera que sacar un decreto que regula el diálogo social, en un momento en que ha optado por los acuerdos bilaterales, en exclusiva con las organizaciones empresariales, no deja de ser sorprendente y a nuestro entender, no tiene ninguna virtualidad.

CCOO de Euskadi, sigue reivindicando una Ley de participación institucional que determine con claridad y con transparencia en Euskadi, y que sea debatida y respaldada por el Parlamento, única forma de evitar las arbitrariedades del Gobierno a la hora de elegir a sus interlocutores y de garantizar el derecho a la libertad sindical.

Dicho esto, reiteramos la incompatibilidad de una norma de estas características si se mantiene en vigor el Acuerdo Marco de Colaboración por el empleo y la cualificación en Euskadi 2018-2020, firmado por Gobierno Vasco y la patronal, que motiva nuestra salida de la Mesa de diálogo social y por lo tanto, nuestra no participación en ese espacio. Es una incongruencia por parte del Gobierno Vasco que después del acuerdo con Confebask, pretenda crear una mesa de diálogo social, como si no hubiera pasado nada.

La apuesta por una concertación social real no puede sostenerse desde la vigencia de un acuerdo que ataca, en sus formas y contenidos, al propio concepto de diálogo social.

La patronal, por su parte, no está cuestionando una situación en la que se facilita la bilateralidad en sus acuerdos con los gobiernos de turno, sobre ámbitos de participación con presencia sindical.

ELA persiste en su actitud antidemocrática disfrazada de “supuesta beligerancia”, que ha prevalecido en toda su trayectoria, con el objetivo de tener una interlocución privilegiada con los distintos gobiernos de turno, al igual que la patronal, promoviendo, de este modo, la ruptura en los terrenos de posible encuentro sindical, sin importarles las consecuencias que sufre la clase trabajadora

El Gobierno tiene que elegir entre continuar con su idílica relación preferente con las patronales o la defensa de la concertación y el diálogo social con mayúsculas.

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